El incumplimiento de las pensiones alimentarias debe atenderse con prioridad en la protección de niñas y niños, afirmó el magistrado Braulio Guerra Urbiola, quien consideró necesario fortalecer las medidas contra quienes evaden esta responsabilidad. Guerra Urbiola destacó que las disposiciones implementadas en Querétaro buscan generar consecuencias para las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios, ante el incumplimiento de sus obligaciones hacia sus hijos. El magistrado señaló que la aplicación de restricciones administrativas representa un avance para que las disposiciones legales tengan efectos concretos y no permanezcan únicamente como normas de carácter enunciativo. Consideró que estas medidas pueden contribuir a generar mayores incentivos para que los deudores cumplan con las obligaciones alimentarias y, con ello, garantizar que las niñas y niños reciban los recursos que legalmente les corresponden. Asimismo, planteó la posibilidad de ampliar este tipo de restricciones a otros trámites y procedimientos, aunque reconoció que algunas medidas, como las relacionadas con la expedición de pasaportes, corresponden al ámbito federal y requieren de disposiciones que están fuera de las atribuciones estatales.
El texto original de este artículo de la Agencia Quadratín.