El secretario de Gobierno del estado, Erick Gudiño, aseguró que detrás del bloqueo registrado en la carretera federal México-Querétaro existen intereses políticos que han impedido resolver el problema de abasto de agua en comunidades de la zona limítrofe entre Querétaro y Guanajuato. En entrevista con Adán Olvera para el noticiero de Grupo radar Así Sucede, el funcionario afirmó que las protestas encabezadas por habitantes de comunidades como La Versolilla, Palo Alto y Ojo de Agua responden a una problemática real por falta de agua, aunque acusó que actores políticos vinculados a Morena han “mal informado” a la población y frenado proyectos que podrían abastecer del líquido de manera inmediata. “Tenemos un pozo que puede surtir agua ya, pero no nos dejan conectarlo”, declaró Gudiño, quien sostuvo que desde hace más de dos años el Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) cuentan con un proyecto técnico para resolver el problema. Según explicó, grupos opositores han difundido versiones sobre un supuesto uso del agua para refresqueras, campos de golf o desarrollos exclusivos, situaciones que negó categóricamente. “No existe ninguna refresquera ahí, no existe ningún campo de golf ni fraccionamientos de ricos. Han mal informado a la gente y eso ha impedido conectar el pozo”, señaló. El secretario indicó que incluso ya existe infraestructura lista para operar, pero en distintas ocasiones los trabajos han sido detenidos por habitantes inconformes. Además, reveló que el pasado viernes se alcanzó un acuerdo preliminar con un grupo de ciudadanos para permitir la conexión del pozo y comenzar trámites ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para perforar otro nuevo; sin embargo, acusó que posteriormente otros grupos retomaron el bloqueo carretero. La protesta mantiene afectaciones en la autopista México-Querétaro y genera impacto no solo para Querétaro, sino también para entidades como Guanajuato y San Luis Potosí, debido al tránsito federal que circula por la zona. Gudiño reconoció que el conflicto ya escaló a nivel federal y confirmó que existe comunicación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con Guardia Nacional, aunque cuestionó la postura de esta última tras señalar que consideró el caso como un “problema social”. El funcionario estatal insistió en que el conflicto dejó de ser únicamente técnico y se convirtió en un tema político. “Es un tema político, porque la solución ya está”, sostuvo. También advirtió que las autoridades podrían iniciar procedimientos legales por el bloqueo carretero, aunque aseguró que el gobierno mantendrá el diálogo con los habitantes para intentar destrabar el conflicto sin recurrir al uso de la fuerza pública.
El texto original de este artículo de la Agencia Quadratín.
